Estimados clientes y amigos, el pasado 31 de mayo de dos mil diecinueve, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó en el Diario Oficial de la Nación, el ACUERDO General 1/2019 de diez de abril del dos mil diecinueve, que regula el procedimiento a seguir en los asuntos de su conocimiento que involucren personas o grupos de personas en situación de vulnerabilidad. Desde el 2011 se implementaron reformas a nuestra Constitución, dando tutela y protección al amplio catálogo de derechos humanos previsto materialmente en la Constitución, para comprender también los reconocidos en normas internacionales y vincular a la totalidad de los órganos del Estado a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, con independencia de su fuente, logrando un parámetro que da coherencia y unidad al ordenamiento jurídico y obligando a todas las autoridades del Estado mexicano a que los actos que emitan con motivo de su función deben ser coherentes y cumpliendo las obligaciones generales de respeto, garantía y del deber de adoptar disposiciones de derecho interno, dispuesto en diversas normas constitucionales y convenciones internacionales. Por lo anterior, la Suprema corte reconoce la importancia de contar con protocolos de actuación a fin de homogeneizar los procedimientos y dejar claras las pautas legales mínimas que deben seguir los juzgadores al conocer de los juicios de su legal competencia para suprimir las barreras que puedan impedir el acceso efectivo a la justicia, por lo que se propusieron acciones prioritarias para fortalecer la eficiencia y acceso a la justicia, destacando la necesidad de mejorar la calidad de las sentencias de los órganos de impartición de justicia por constituir el medio de comunicación más importante entre los órganos judiciales de impartición de justicia y los gobernados, lo que las convierte en un punto clave en la legitimidad y rendición de cuentas de los órganos jurisdiccionales. ACUERDO En los juicios y/o procesos en que se involucren derechos de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas migrantes y sujetas a protección internacional, personas, comunidades y pueblos indígenas y en todos aquellos casos en que los Ministros integrantes de esta Segunda Sala así lo estimen necesario, para lograr un adecuado y efectivo acceso a la justicia, se elaborará además del formato tradicional de sentencia y uno de lectura accesible y sencilla que también deberá someterse a votación de los integrantes de la Sala en términos de las disposiciones legales aplicables, asi mismo, la actualización de alguna causal de improcedencia y en los demás casos en que los Ministros adscritos a este órgano colegiado así lo estimen conveniente. Una vez aprobadas las resoluciones a que se refieren los puntos primero y segundo de este acuerdo, se procederá a su comunicación a través de los medios y formatos que, según las particularidades del caso y los recursos con que se cuente en ese momento, se consideren más adecuados y accesibles para la persona o grupo de personas de que se trate, sin perjuicio de que se cumpla la obligación de notificar legalmente según corresponda personalmente, por lista o por oficio.