DERECHO CIVIL

 

En principio, los laudos arbitrales son irrecurribles, salvo que las partes hayan pactado lo contrario, ciertos expertos se opinado en privar al laudo arbitral de cualquier tipo de injerencia judicial, limitando el órgano jurisdiccional a proceder a la ejecución del laudo.

La intervención de la autoridad jurisdiccional es fundamental para garantizar la seguridad del laudo; por eso el órgano jurisdiccional tiene la facultad de controlar a posteriori la actuación de los árbitros, respecto de la regularidad procesal de la causa o, si se quiere, un control efectuado por autoridad jurisdiccional de la actuación de los árbitros in procediendo.[1] Con independencia de lo anterior, ningún sistema jurídico puede prescindir, del control jurisdiccional, por ello se cuenta con la acción de anulación que es el medio de impugnación característico y específico del juicio arbitral, existente en la generalidad de legislaciones y constituyendo una figura sui generisdistinta de las impugnaciones del proceso ordinario.

El papel de la jurisdicción ordinaria queda limitado a emitir un juicio externo acerca de la observancia de las formalidades esenciales del arbitraje y el sometimiento de los árbitros a los límites convenidos, centrándose solo en aquello que constituya un exceso en el laudo, pero sin entrar en la fundamentación de lo decidido por el árbitro. Si bien las partes actúan bajo el principio de la autonomía de la voluntad, es decir, el propio Estado permite excluir del conocimiento de los tribunales ciertos casos que no revisten interés público derivándolos hacia los órganos incidentales de la función jurisdiccional, cuando las resoluciones de aquéllos sean susceptibles de causar perjuicios a los particulares en su persona, bienes y derechos, deben confirmarse por otro órgano jurisdiccional, esta vez dependiente del Poder Judicial.

Ello se logra mediante la participación del juez civil ante quien se homologa el laudo arbitral con el fin de proceder a su ejecución, la homologación supone un control de lo realizado por los árbitros, si éstos han actuado con cumplimiento de los presupuestos procesales y materiales legalmente, sin alteración del contenido del laudo. Con ello se intenta reparar por vía jurisdiccional los perjuicios que han podido sufrir las partes en el arbitraje en virtud de actuaciones o resoluciones arbitrales ilegales.

El laudo arbitral es una resolución con atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, cuya efectividad y realización quedan solamente en el marco de actuación del juez competente del lugar donde se ha desarrollado el arbitraje.[2]

Pese a ello éste no puede modificarlo, sólo proveer los medios procesales necesarios a fin de concretar lo resuelto, el árbitro carece de la facultad de hacer cumplir el laudo que emitió, porque no tiene la potestad o imperium, que es uno de los atributos de la jurisdicción y que es inherente a los órganos jurisdiccionales del Estado. Ello implica que el árbitro carece de la fuerza del Estado para hacer efectiva la condena, pero el laudo en sí mismo no está despojado de los atributos de la cosa juzgada, puesto que la facultad de decidir la controversia es una delegación hecha por el Estado a través de la norma jurídica, y sólo se reserva la facultad de ejecutar

Si la acción de anulación es o no un recurso comparte un elemento común con esta figura en el sentido de que solo es factible acudir a esta vía cuando el laudo arbitral sea definitivo. Pero no debe entenderse que la acción de anulación es una segunda instancia donde sean factibles cuestiones tales como la valoración de la prueba o la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, la motivación o el acierto de los árbitros a la hora de elaborar el laudo arbitral.

Es un instrumento judicial fiscalizador del cumplimiento de las garantías procesales; por eso su finalidad no es corregir deficiencias en la decisión de los árbitros, por ello un examen del fondo por parte el órgano jurisdiccional, de la solución alcanzada por los árbitros, desnaturalizaría la propia esencia de la institución arbitral. En tal sentido debe quedar como un precedente la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la que se destaca lo siguiente: "... los jueces no están autorizados para revisar laudos de manera completa, pues equivaldría a revisar si en las cuestiones de fondo el árbitro aplicó correctamente el derecho en el caso sometido a su cesión".[3]

Como hemos afirmado, los laudos pronunciados en México no requieren de la aprobación judicial para que puedan ser ejecutados; en todo caso, el laudo es ejecutable por virtud del acto jurisdiccional, que sólo actúa como complemento indispensable para ejecutar lo resuelto por el árbitro, ya que el laudo se constituye como el título que motiva la ejecución ante el juez competente, el cual debe valerse de los medios procesales necesarios para que se concrete lo resuelto en el laudo.

En resumen, los laudos pronunciados por árbitros deben ser ejecutados por jueces ordinarios, sin que éstos otorguen, antes de ordenar su ejecución, una aprobación u homologación previa; esto es, los laudos firmes tienen la calidad de cosa juzgada, aun cuando deban ser ejecutados ante una autoridad jurisdiccional, puesto que éstos tienen la característica de inmutabilidad, es decir, que no puede cuestionarse su eficacia jurídica.[4]

De una interpretación de los artículos 1334, 1336 y 1341 del Código de Comercio es posible afirmar que, por regla general, todas las resoluciones que dictan los juzgadores de primera instancia pueden ser impugnables a través de un medio de defensa, le es dable al legislador establecer excepciones a esa regla; y dentro de estas excepciones se halla incidente de homologación o ejecución de laudo arbitral, la cual es irrecurrible por virtud de lo dispuesto en el artículo 1462 del Código de Comercio.

“Un laudo arbitral es la decisión de un órgano no estatal, así convenida por las partes, para resolver una contienda, ya sea presente o futura; así, para efectos de la instancia ordinaria queda a la exclusiva potestad de la decisión del tribunal de arbitraje y pasa a ser una extensión de esa voluntad, que por ser un acto de particulares, en cuanto a su sentido, no se encuentra sujeto a revisión constitucional; sin embargo, tal revisión constitucional sí se puede dar respecto a la resolución de homologación emitida por un órgano judicial estatal, la que, desde luego, se limitará al resultado del análisis de la debida composición del tribunal de arbitraje, del debido procedimiento, de la manifestación de voluntad de las partes de someterse al arbitraje, de la materia del mismo y de los demás supuestos contemplados en el artículo 1462 del Código de Comercio, supuestos que, como se advierte, contemplan únicamente cuestiones de forma y no de fondo, y, una vez dada la homologación, de los actos de ejecución con que el juez auxilia al cumplimiento del laudo; por lo que en la vía de amparo únicamente se podrán alegar esas cuestiones y no las relativas al fondo y sentido del laudo.[5]

Concretamente, los jueces no están autorizados para revisar el fondo de los laudos a los efectos de una eventual anulación y una vez decretado judicialmente su cumplimiento se eleva a la categoría de acto jurisdiccional, en ese supuesto, el condenado puede acudir al amparo indirecto

Las causales de la anulación, que son las mismas de la Ley Modelo Uncitral, se recogen en el artículo 1462 del Código de Comercio, es decir cuando en la ejecución del laudo se advierta que el árbitro se ha apartado de los requisitos procesales estipulados en la cláusula compromisoria con una evidente violación a las normas esenciales de todo juicio que son de orden público.



[1] La jurisprudencia ha precisado, con razón, que aunque las partes renuncien a un eventual recurso contra el laudo arbitral "dicha renuncia no puede trascender al acuerdo de homologación ni a los actos dictados con posterioridad por el juez natural, pues éstos son dictados dentro del procedimiento judicial en el cual se prohíbe que las partes renuncien a los recursos", Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 22 de noviembre 1990, Amparo en revisión 1192/90 ("Sánchez de Armella, Y."), octava época, Tribunales Colegiados de Distrito, Semanario Judicial de la Federación, t. VII, enero de 1991, p. 417, tesis aislada.

[2] Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 8 de marzo de 2001 (Amparo Directo 1303/2001) ("Constructora Aboumrad Amodio Berho, S. A. de C. V."), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XIV, julio de 2001. p. 1107, tesis aislada.

[3] Amparo Directo DC-1664/96 ("Megaluf, S. A. de C. V."), Semanario Judicial de la Federación, novena época, t. V, mayo de 1997.

[4] Como dispone el artículo 632, CPCDF, una vez notificado el laudo se pasarán los autos al juez ordinario para su ejecución, a no ser que las partes pidan aclaración de sentencia.

[5] Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, 28 de mayo de 2002, Amparo en revisión 138/2002 ("Mecalux, México, S. A. de C. V."), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XVI, agosto de 2002, p. 1317, tesis aislada.