DERECHO CIVIL

En principio, los laudos arbitrales son irrecurribles, salvo que las partes hayan pactado lo contrario, ciertos expertos se opinado en privar al laudo arbitral de cualquier tipo de injerencia judicial, limitando el 贸rgano jurisdiccional a proceder a la ejecuci贸n del laudo.

La intervenci贸n de la autoridad jurisdiccional es fundamental para garantizar la seguridad del laudo; por eso el 贸rgano jurisdiccional tiene la facultad de controlar聽a posteriori聽la actuaci贸n de los 谩rbitros, respecto de la regularidad procesal de la causa o, si se quiere, un control efectuado por autoridad jurisdiccional de la actuaci贸n de los 谩rbitros聽in聽procediendo.[1]聽Con independencia de lo anterior, ning煤n sistema jur铆dico puede prescindir, del control jurisdiccional, por ello se cuenta con la acci贸n de anulaci贸n que es el medio de impugnaci贸n caracter铆stico y espec铆fico del juicio arbitral, existente en la generalidad de legislaciones y constituyendo una figura聽sui generisdistinta de las impugnaciones del proceso ordinario.

El papel de la jurisdicci贸n ordinaria queda limitado a emitir un juicio externo acerca de la observancia de las formalidades esenciales del arbitraje y el sometimiento de los 谩rbitros a los l铆mites convenidos, centr谩ndose solo en aquello que constituya un exceso en el laudo, pero sin entrar en la fundamentaci贸n de lo decidido por el 谩rbitro. Si bien las partes act煤an bajo el principio de la autonom铆a de la voluntad, es decir, el propio Estado permite excluir del conocimiento de los tribunales ciertos casos que no revisten inter茅s p煤blico deriv谩ndolos hacia los 贸rganos incidentales de la funci贸n jurisdiccional, cuando las resoluciones de aqu茅llos sean susceptibles de causar perjuicios a los particulares en su persona, bienes y derechos, deben confirmarse por otro 贸rgano jurisdiccional, esta vez dependiente del Poder Judicial.

Ello se logra mediante la participaci贸n del juez civil ante quien se homologa el laudo arbitral con el fin de proceder a su ejecuci贸n, la homologaci贸n supone un control de lo realizado por los 谩rbitros, si 茅stos han actuado con cumplimiento de los presupuestos procesales y materiales legalmente, sin alteraci贸n del contenido del laudo. Con ello se intenta reparar por v铆a jurisdiccional los perjuicios que han podido sufrir las partes en el arbitraje en virtud de actuaciones o resoluciones arbitrales ilegales.

El laudo arbitral es una resoluci贸n con atributos de inimpugnabilidad, inmutabilidad y coercibilidad, cuya efectividad y realizaci贸n quedan solamente en el marco de actuaci贸n del juez competente del lugar donde se ha desarrollado el arbitraje.[2]

Pese a ello 茅ste no puede modificarlo, s贸lo proveer los medios procesales necesarios a fin de concretar lo resuelto, el 谩rbitro carece de la facultad de hacer cumplir el laudo que emiti贸, porque no tiene la potestad o聽imperium, que es uno de los atributos de la jurisdicci贸n y que es inherente a los 贸rganos jurisdiccionales del Estado. Ello implica que el 谩rbitro carece de la fuerza del Estado para hacer efectiva la condena, pero el laudo en s铆 mismo no est谩 despojado de los atributos de la cosa juzgada, puesto que la facultad de decidir la controversia es una delegaci贸n hecha por el Estado a trav茅s de la norma jur铆dica, y s贸lo se reserva la facultad de ejecutar

Si la acci贸n de anulaci贸n es o no un recurso comparte un elemento com煤n con esta figura en el sentido de que solo es factible acudir a esta v铆a cuando el laudo arbitral sea definitivo. Pero no debe entenderse que la acci贸n de anulaci贸n es una segunda instancia donde sean factibles cuestiones tales como la valoraci贸n de la prueba o la interpretaci贸n y aplicaci贸n de las normas jur铆dicas, la motivaci贸n o el acierto de los 谩rbitros a la hora de elaborar el laudo arbitral.

Es un instrumento judicial fiscalizador del cumplimiento de las garant铆as procesales; por eso su finalidad no es corregir deficiencias en la decisi贸n de los 谩rbitros, por ello un examen del fondo por parte el 贸rgano jurisdiccional, de la soluci贸n alcanzada por los 谩rbitros, desnaturalizar铆a la propia esencia de la instituci贸n arbitral. En tal sentido debe quedar como un precedente la jurisprudencia del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la que se destaca lo siguiente: "... los jueces no est谩n autorizados para revisar laudos de manera completa, pues equivaldr铆a a revisar si en las cuestiones de fondo el 谩rbitro aplic贸 correctamente el derecho en el caso sometido a su cesi贸n".[3]

Como hemos afirmado, los laudos pronunciados en M茅xico no requieren de la aprobaci贸n judicial para que puedan ser ejecutados; en todo caso, el laudo es ejecutable por virtud del acto jurisdiccional, que s贸lo act煤a como complemento indispensable para ejecutar lo resuelto por el 谩rbitro, ya que el laudo se constituye como el t铆tulo que motiva la ejecuci贸n ante el juez competente, el cual debe valerse de los medios procesales necesarios para que se concrete lo resuelto en el laudo.

En resumen, los laudos pronunciados por 谩rbitros deben ser ejecutados por jueces ordinarios, sin que 茅stos otorguen, antes de ordenar su ejecuci贸n, una aprobaci贸n u homologaci贸n previa; esto es, los laudos firmes tienen la calidad de cosa juzgada, aun cuando deban ser ejecutados ante una autoridad jurisdiccional, puesto que 茅stos tienen la caracter铆stica de inmutabilidad, es decir, que no puede cuestionarse su eficacia jur铆dica.[4]

De una interpretaci贸n de los art铆culos 1334, 1336 y 1341 del C贸digo de Comercio es posible afirmar que, por regla general, todas las resoluciones que dictan los juzgadores de primera instancia pueden ser impugnables a trav茅s de un medio de defensa, le es dable al legislador establecer excepciones a esa regla; y dentro de estas excepciones se halla incidente de homologaci贸n o ejecuci贸n de laudo arbitral, la cual es irrecurrible por virtud de lo dispuesto en el art铆culo 1462 del C贸digo de Comercio.

鈥淯n laudo arbitral es la decisi贸n de un 贸rgano no estatal, as铆 convenida por las partes, para resolver una contienda, ya sea presente o futura; as铆, para efectos de la instancia ordinaria queda a la exclusiva potestad de la decisi贸n del tribunal de arbitraje y pasa a ser una extensi贸n de esa voluntad, que por ser un acto de particulares, en cuanto a su sentido, no se encuentra sujeto a revisi贸n constitucional; sin embargo, tal revisi贸n constitucional s铆 se puede dar respecto a la resoluci贸n de homologaci贸n emitida por un 贸rgano judicial estatal, la que, desde luego, se limitar谩 al resultado del an谩lisis de la debida composici贸n del tribunal de arbitraje, del debido procedimiento, de la manifestaci贸n de voluntad de las partes de someterse al arbitraje, de la materia del mismo y de los dem谩s supuestos contemplados en el art铆culo 1462 del C贸digo de Comercio, supuestos que, como se advierte, contemplan 煤nicamente cuestiones de forma y no de fondo, y, una vez dada la homologaci贸n, de los actos de ejecuci贸n con que el juez auxilia al cumplimiento del laudo; por lo que en la v铆a de amparo 煤nicamente se podr谩n alegar esas cuestiones y no las relativas al fondo y sentido del laudo.[5]

Concretamente, los jueces no est谩n autorizados para revisar el fondo de los laudos a los efectos de una eventual anulaci贸n y una vez decretado judicialmente su cumplimiento se eleva a la categor铆a de acto jurisdiccional, en ese supuesto, el condenado puede acudir al amparo indirecto

Las causales de la anulaci贸n, que son las mismas de la Ley Modelo Uncitral, se recogen en el art铆culo 1462 del C贸digo de Comercio, es decir cuando en la ejecuci贸n del laudo se advierta que el 谩rbitro se ha apartado de los requisitos procesales estipulados en la cl谩usula compromisoria con una evidente violaci贸n a las normas esenciales de todo juicio que son de orden p煤blico.



[1]聽La jurisprudencia ha precisado, con raz贸n, que aunque las partes renuncien a un eventual recurso contra el laudo arbitral "dicha renuncia no puede trascender al acuerdo de homologaci贸n ni a los actos dictados con posterioridad por el juez natural, pues 茅stos son dictados dentro del procedimiento judicial en el cual se proh铆be que las partes renuncien a los recursos", Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 22 de noviembre 1990, Amparo en revisi贸n 1192/90 ("S谩nchez de Armella, Y."), octava 茅poca, Tribunales Colegiados de Distrito,聽Semanario Judicial de la Federaci贸n, t. VII, enero de 1991, p. 417, tesis aislada.

[2]聽Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, 8 de marzo de 2001 (Amparo Directo 1303/2001) ("Constructora Aboumrad Amodio Berho, S. A. de C. V."),聽Semanario Judicial de la Federaci贸n y su Gaceta, t. XIV, julio de 2001. p. 1107, tesis aislada.

[3]聽Amparo Directo DC-1664/96 ("Megaluf, S. A. de C. V."),聽Semanario Judicial de la Federaci贸n,聽novena 茅poca, t. V, mayo de 1997.

[4]聽Como dispone el art铆culo 632, CPCDF, una vez notificado el laudo se pasar谩n los autos al juez ordinario para su ejecuci贸n, a no ser que las partes pidan aclaraci贸n de sentencia.

[5]聽Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, 28 de mayo de 2002, Amparo en revisi贸n 138/2002 ("Mecalux, M茅xico, S. A. de C. V."),聽Semanario Judicial de la Federaci贸n y su Gaceta, t. XVI, agosto de 2002, p. 1317, tesis aislada.