DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En primer lugar habrá que definir lo que significa publicidad, en este sentido, la Real Academia de Española la define como “Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos”,  así mismo, diversos diccionarios de marketing la definen como “Un anuncio pagado que aparece en un medio, el cual está diseñado para llegar a una gran parte de la población.”

Ahora bien, en la actualidad los proveedores de bienes y servicios utilizan diversas estrategias publicitarias diseñadas para que los consumidores, al momento de decidir su compra, se inclinen por su producto o servicio. En este sentido, el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) señala que la información o publicidad relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma, deberán ser veraces, comprobables y exentos de textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a error o confusión por engañosas o abusivas.

Se entiende por información o publicidad engañosa o abusiva aquella que refiere características o información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o confusión al consumidor por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta.

La Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO), es la autoridad que se encarga de analizar las campañas publicitarias, ya sea por denuncia o porque detectó alguna irregularidad,  para determinar si se está haciendo uso o no de publicidad engañosa, así como de aplicar las medidas de apremio, precautorias y las sanciones correspondientes.

En este sentido, la Procuraduría podrá:

  1. Ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad que viole las disposiciones de esta ley y, en su caso, al medio que la difunda.
  2. Ordenar que se corrija la información o publicidad que viole las disposiciones de esta ley en la forma en que se estime suficiente.
  3. Imponer las sanciones que correspondan:
  • Multa de $617.41 a $2’414,759.14
  • En casos particularmente graves, la Procuraduría podrá sancionar con clausura total o parcial, la cual podrá ser hasta de noventa días y con multa de $123,482.00 a $3’457,496.04.

Las violaciones a lo establecido en el artículo 32 que se consideren particularmente graves, serán sancionadas con la multa establecida en el párrafo anterior o bien con multa de hasta un 10% de los ingresos brutos anuales del infractor obtenidos por la comercialización del bien o los bienes, productos o servicios contenidos en la publicidad respectiva, correspondiente al último ejercicio fiscal en que se haya cometido la infracción, en caso de reincidencia.

Actualmente los proveedores de bienes y servicios cuentan con una herramienta denominada “Copy Advice”, mediante la cual pueden acercarse a la PROFECO para someter a revisión la campaña publicitaria. La PROFECO la revisará, corregirá y, eventualmente, cuando salga a la luz, será publicidad que cumpla con los requisitos que establece la Ley. 

Es importante que los proveedores de bienes y servicios tomen medidas con el objeto de evitar lanzar campañas que contengan información que conduzca al error al consumidor, de lo contrario, podría ser sujeto a sanciones que dañen su patrimonio y reputación en el mercado.