DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES

 La así llamada acción de inconstitucionalidad es el procedimiento que permite el análisis abstracto de una norma general con el carácter de ley o un tratado internacional, para concluir si es o no conforme con lo establecido en la Ley Suprema, salvaguardando los apartados dogmático y orgánico de la Constitución asegurando la regularidad constitucional y la certeza del orden jurídico.Las reformas constitucionales de diciembre de 1994 modificaron la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a la nueva redacción del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que le otorgó a este máximo Tribunal la atribución de conocer, en exclusiva, de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

En este sentido, la jurisprudencia plenaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido siete características de la acción de inconstitucionalidad:

a)      Se promueve para alegar la contradicción entre la norma impugnada y una de la Ley Fundamental.

b)      Puede ser promovida por el Procurador General de la República, los partidos políticos y el 33% cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma.

c)     Supone una solicitud para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice en abstracto la constitucionalidad de una norma.

d)      Se trata de un procedimiento.

e)      Puedeinterponerse para combatir cualquier tipo de normas.

f)        Sólo procede por lo que respecta a normas generales.

g)      La sentencia tendrá efectos generales siempre que sea aprobada por ocho Ministros.

En este orden de ideas, la primera vez en la historia de nuestro país que el Senado de la República hace uso del referido instrumento de control constitucional, e interpone en tiempo y forma escrito que contiene veintiún conceptos de invalidez de artículos, tanto de la Ley Federal de Telecomunicaciones como de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El documento de referencia fue suscrito por cuarenta y siete senadores de la República, los cuales tuvieron que acreditar la calidad de legisladores, conformados por quince de la bancada panista, dieciséis del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quince  del Partido de la Revolución Democrática, uno de Convergencia, cubriendo en su totalidad la representación nacional, con los cuarenta senadores que votaron en contra de la reforma, dos que se abstuvieron, y cinco de quienes votaron a favor.

Los artículos objeto de la acción en comento son2, 3, 7-A, 9, 16, 17, 17-A,17-B, 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I, 17-J, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 25, 26, 28, 28-A, 28-B, 72-A y 79-A de la Ley Federal de Radio y Televisión expedida por el H. Congreso de la Unión y promulgada por el C. Presidente de la República, así como la derogación del artículo 18 del mismo ordenamiento legal, los artículos SEGUNDO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO TRANSITORIOS de la Ley Federal de Radio y Televisión contenidos en el “Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión” y los artículos 3º, fracciones XV y XVI, 9-A, 9-B, 9-C, 9-D, 13, 64 y 65 de la Ley Federal de Telecomunicaciones expedida por el H. Congreso de la Unión y promulgada por el C. Presidente de la República.

Entre las violaciones hechas valer por los cuarenta y siete senadores de la República dentro de los veintiún conceptos de violación, se encuentran entre otros los siguientes:

a) Que la Minuta de Proyecto de Decreto aprobada por la Cámara de Diputados fue arbitraria e ilegalmente alterada, al haber sido modificado el texto de dos artículos contenidos en la misma, sin haber seguido el procedimiento previsto por los preceptos constitucionales 16,70 y 72,

b) Asimismo el primer párrafo del artículo 9-A de la Ley Federal de Telecomunicaciones adicionado por virtud del Decreto de reformas de la LeyFederal de Telecomunicaciones y Ley Federal de Radio y Televisión, es violatorio de los artículos 16, 49 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el Congreso de la Unión al crear un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Comisión Federal de Telecomunicaciones COFETEL), invade la esfera de competencia del Poder Ejecutivo, expresamente determinada en el artículo 89 constitucional para proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia,

c) Que el artículo SEGUNDO TRANSITORIO de la Ley Federal de Telecomunicaciones creado por virtud del Decreto de reformas, es violatorio de los artículos 16, 40, 80, 81 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que los tiempos que establece el referido artículo para el nombramiento de los comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones por parte del Presidente de la República, son materialmente inconstitucionales, al constituir un ejercicio trans-sexenal del poder, contrariando en consecuencia los principios que rigen la forma de gobierno prevista en la Constitución, a saber, el principio republicano, democrático y el representativo,

d) Que el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley Federal de Radio y Televisión, es violatorio de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, en razón de que: (i) en términos del artículo 28 de la Ley Federal de Radio y Televisión, se priva al Estado de su potestad soberana de decisión sobre si otorga o no una concesión, al prever que la entrega de una solicitud es el único requisito que activa una autorización de la Secretaría para servicios adicionales de telecomunicaciones; (ii) se despoja al Estado de su rectoría sobre el espectro radio eléctrico, toda vez que con las reformas, el concesionario radiodifusor será de facto, propietario de la banda de frecuencia y con una simple solicitud de servicio adicional, podrá incluso decidir la atribución de la banda de frecuencia, sin importar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, el Reglamento de Radiocomunicación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los tratados celebrados por el Estado mexicano.

En conclusión, al igual que otros medios de control constitucional, la acción de inconstitucionalidad pretende reforzar la congruencia que tiene que observar el legislador con la Carta Magna, mediante una sentencia estimatoria, esto es, que declare la invalidez general de una norma contraria a la Constitución Política, refrendándose que el legislador está obligado a observar el principio de supremacía constitucional antes de expedir cualquier norma general, por lo que para poder declarar inválida la ley en comento, mediante la acción de inconstitucionalidad, se requiere que voten en forma afirmativa ocho ministros de la Corte.