DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES

 RESUMEN

 Existe un vínculo positivo entre el crecimiento económico y la inversión en internet así como otras Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); por lo cual, los gobiernos alrededor del mundo han comenzado a explotar estos beneficios, implementando políticas públicas. México no ha sido la excepción, incluso ha promulgado una reforma integral a la constitución federal en materia de telecomunicaciones; en igual forma, ha adoptado otras tantas políticas públicas enfocadas al desarrollo digital.

 De este modo, se exponen y analizan críticamente las principales políticas públicas adoptadas por el Estado mexicano que impactan en el ámbito del internet, las TIC y el desarrollo, las cuáles se consideran benéficas; no obstante, existen ciertos aspectos de preocupación que habrán de mejorar en el futuro próximo.

 SUMARIO: I. Introducción. II. Análisis de las políticas públicas. III. Conclusión. 

I. INTRODUCCIÓN

Diversos estudios, así como la experiencia internacional han permitido constatar que existe una relación directa entre un mayor crecimiento económico, el aprovechamiento del internet y las TIC. El gobierno mexicano, a su vez, ha tomado diversas medidas que impactan directamente a estas tecnologías. Sin embargo, hasta el día de hoy existen pocos estudios que hayan realizado un análisis crítico de las acciones tomadas por el gobierno mexicano a la luz de las recomendaciones internacionales.

Por otra parte, cabe decir que el uso del internet y las tecnologías de la información plantean nuevos retos jurídicos; en particular, dudas respecto al tratamiento de la privacidad, al igual que otros riesgos derivados del espionaje y los problemas jurídicos de cada país. Así, consideramos oportuno analizar de manera crítica algunos de estos problemas que presentan el internet y las TIC.

En este sentido, consideramos que este estudio puede resolver las siguientes interrogantes: ¿Qué medidas legislativas y otros actos de autoridad ha tomado el gobierno mexicano para abordar este tema? ¿Cuáles son los aspectos tanto benéficos como críticos de tales medidas? ¿Qué retos existen para el gobierno mexicano a fin de regular eficientemente el internet y las TIC?

De tal forma expondremos los aspectos generales de la reforma en materia de telecomunicaciones, así como otras regulaciones concernientes a nuestro objeto de estudio, el internet y las TIC, teniendo presente sus beneficios en materia económica. Sin embargo, entraremos con cierta profundidad a detallar cada una de estas medidas.

Utilizaremos la deducción confrontando las prácticas internacionales con las medidas tomadas por el gobierno mexicano para hacer una crítica al respecto. Así, en una primera parte analizaremos la reforma en materia de telecomunicaciones, posteriormente las políticas para la infraestructura de la banda ancha; en igual forma, trataremos otras políticas que inciden en el desarrollo de las TIC y el internet, para pasar a exponer las conclusiones.

II. ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Diversos estudios concuerdan que existe una clara relación positiva entre el crecimiento económico y la inversión en internet así como otras TIC.[1]La inversión en las redes de alta velocidad y los servicios de las TIC crean una plataforma para el crecimiento económico, empleo y mayor competitividad.[2]Numerosos estudios muestran un impacto positivo en la productividad, unacontribución del PIB y la creación de empleos en sectores empresariales de las TIC.[3]

1.    Las políticas para atraer la inversión 

La Comisión de Economía Digital de ICC, considera que desde una perspectiva empresarial las políticas más apropiadas para atraer inversión y promover la innovación requieren:

a)       apertura de los mercados que elimine las barreras a la inversión;
b)        
políticas de favor de la inversión;
c)         
reguladores independientes;
d)        
respeto al Estado de derecho;
e)        
protección adecuada y efectiva así como respeto a los derechos de propiedad intelectual;
f)          
marcos normativos, legales y de políticas favorables a la competencia, así como no discriminatorios, que también aumenten la opción del usuario en cuanto a la calidad y el costo de los servicios; 
g)        
tribunales independientes;
h)        
políticas que fomenten el emprendedurismo y la innovación.

A continuación estudiaremos la reforma en materia de telecomunicaciones,[4] confrontando a la luz de las anteriores políticas. Por la extensión de este estudio no abordaremos los temas de protección adecuada y efectiva a la propiedad intelectual ni políticas que fomenten el emprendedurismo. 

A.   Apertura de mercados

En cuanto hace a la apertura de mercados que elimine la barrera a la inversión, al igual que políticas favorables, el quinto transitorio de la reforma señala que se permite la inversión extranjera directa hasta el cien por ciento en telecomunicaciones y comunicación vía satélite. Esto sin duda es muy favorable, ya que en México se requiere el despliegue de infraestructura en telecomunicaciones, así como la existencia de más empresas oferentes de servicios que compitan.[5]  

B.   Reguladores independientes

Por lo que hace a reguladores independientes, la reforma ha creado dos órganos, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), cuyo objeto es garantizar la libre competencia y concurrencia, combatiendo monopolios, concentraciones y demás restricciones; así también, estableció el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) que tiene como objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones. Cabe destacar que en los ámbitos de radiodifusión y telecomunicaciones, la autoridad en materia de competencia económica es el IFETEL.[6]

 Ambos órganos son constitucionalmente autónomos y tienen tanto personalidad jurídica como patrimonio propio. La Dra. Clara Luz Álvarez hace notar que la autonomía máxima otorgada a un ente público por el Estado mexicano se efectúa mediante la institución de órgano con carácter constitucionalmente autónomo. Así, este órgano no pertenece a los poderes ejecutivos, legislativo, ni judicial.[7] No obstante, esta autonomía o independencia es ampliamente cuestionada.

Conforme al Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española se dice “independiente” quien “sostiene sus derechos u opiniones sin admitir intervención ajena”[8] y este vocablo es sinónimo de autónomo. En este sentido, un órgano independiente o autónomo no necesita de la ayuda de terceros para emitir sus opiniones; es decir, por sí solo emite sus resoluciones. Sin embargo, al confrontar esto con la realidad mexicana encontramos que el IFETEL debe notificar al Secretario correspondiente, quien podrá emitir su opinión técnica, para temas como el otorgamiento o revocación de concesiones, autorizaciones de cesiones o cambios de control accionario, las contraprestaciones, entre otras. Se advierte que estas opiniones no son vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; si no son vinculantes, entonces ¿para qué las emite?

Es contradictorio e incongruente que el IFETEL, al mismo tiempo que es “independiente”, tenga que solicitar la opinión “técnica” de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en temas que el IFETEL debería conocer exclusivamente. De esta forma nos inclinamos a sostener que la independencia del regulador está en tela de juicio. Sin embargo, estaremos muy atentos para ver cuál es el desarrollo que tiene la resolución diaria de asuntos por parte del IFETEL, a fin de determinar su “independencia”.

Por otra parte, como lo señala la Dra. Clara Luz Álvarez, se crea a rango constitucional la “doble ventanilla”; consecuentemente, esto nos permite anticipar que habrá incertidumbre y dilaciones innecesarias en la resolución de asuntos.[9] 

C.   Estado de derecho y tribunales independientes

Por lo que concierne al Estado de derecho, cabe decir que las normas generales, actos u omisiones de la COFECE y el IFETEL podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Sólo en el caso que se impongan multas o desincorporen activos, derechos o partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que se promueva.[10]Asimismo, se prevé a nivel constitucional que se deberán regular los contenidos, lo cual se plantea como un riesgo grave para la libertad de expresión.[11]

Tratándose de tribunales independientes, esto ya existía con anterioridad; sin embargo, vemos muy favorable que por virtud de la reforma se hayan creado tribunales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones.[12] 

2.    Políticas para la infraestructura de banda ancha

La creación de un marco óptimo para promover la inversión requiere de una mezcla de políticas; en particular, para ampliar el suministro de infraestructura de banda ancha se requiere lo siguiente: [13] 

A.   Garantizar un mercado competitivo

Los gobiernos deben garantizar políticas favorables para la competencia, orientadas al mercado para promover la inversión, así como, el despliegue de banda ancha.

Al respecto, el artículo sexto párrafo tercero de la reforma señala que el Estado garantizará el derecho de acceso a las TIC, a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluyendo banda ancha e internet, estableciendo condiciones de competencia. Se considera favorable que la obligación del Estado es fomentar la competencia de las empresas para que presten los servicios. 

B.      Asegurar una eficiente y eficaz asignación de frecuencias

Los gobiernos deben esforzarse para aumentar el espectro de radio disponible para el despliegue de servicios comerciales móviles avanzados de banda ancha, poniendo fin a la actual escasez artificial de espectro.

El artículo 28 constitucional señala que las concesiones del espectro radio eléctrico se otorgarán por licitación pública, previniendo la concentración y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final, sin que sea determinante para ganar el factor económico.[14]

Al final de la transición digital terrestre, programada para el 31 de diciembre de 2015, los concesionarios y permisionarios deberán devolver las frecuencias que originalmente les fueron concesionadas por el Estado para garantizar el uso eficiente del espectro radioeléctrico, la competencia y el uso óptimo de la banda de 700 MHz.

La banda de 700 MHz es óptima para servicios de banda ancha móvil de cuarta generación. Transporta datos a alta velocidad y capacidad. Además, permite una amplia cobertura, especialmente en zonas rurales por su ubicación baja entre las frecuencias del espectro radioeléctrico.[15]

A su vez, el décimo sexto transitorio establece que el IFETEL garantizará la instalación de una red pública compartida de telecomunicaciones que impulse el acceso efectivo de la población a la comunicación de banda ancha y a los servicios de telecomunicaciones. Esta obligación deberá iniciar antes de que concluya el 2014 y deberá estar en operación antes que concluya el 2018; asimismo, deberá contemplar el aprovechamiento de al menos 90 MHz del espectro liberado por la transición de la Televisión Digital Terrestre; es decir, la banda de 700 MHz.

Así, el Estado operará esta red y prestará servicios al mayoreo a empresas comercializadoras, al igual que operadoras de redes de telecomunicaciones bajo condiciones de no discriminación a precios competitivos. Esta decisión ha sido ampliamente cuestionada, ya que se considera como una regresión, en el sentido que el Estado volverá prestar servicios, cuando ha permitido que sean los particulares quienes intervengan en el sector; pues, no le corresponde al Estado sustituir, ni competir con los actuales o futuros operadores.  Igualmente, ciertos estudiosos ven desfavorable que el Estado ha demostrado una incapacidad e ineficiencia para operar las empresas de telecomunicaciones, así como su falta de experiencia en la operación de redes móviles.[16] Es muy pronto para determinar los aspectos positivos o negativos de estas políticas Sin duda, habrá que estar pendientes de estas obligaciones a cargo del Estado para ver como se ejecutan e impactan en el sector. 

C.       Promover el acceso en áreas rurales, remotas y marginadas 

Los gobiernos pueden promover el acceso a la infraestructura de banda ancha en zonas rurales, remotas o marginadas, y deben considerar tanto los costos como los beneficios derivados antes de implementar esas políticas.Estas políticas no deben saturar la inversión privada, que es garantizada por la selección de áreas de alto costo y/o de bajo ingreso donde la inversión privada es improbable.

Las áreas rurales de México se componen de 188,593 localidades con menos de 2,500 habitantes, 17% de los 5.9 millones de hogares cuenta con teléfono fijo y 36% posee al menos un móvil, el 6% tiene computadora y la mitad (3%) están conectados a internet. En esas localidades, menos del 4% cuenta con algún grado de competencia en los servicios básicos de telecomunicaciones.[17]

Se advierte que existen muchas zonas rurales y marginadas que no son rentables ni atractivas para la prestación de servicios de telecomunicaciones. En estas zonas es donde el Estado debe garantizar dicho acceso donde la competencia no lo preste.[18] Sin embargo, fue desafortunado que la reforma no haya contemplado una obligación constitucional a cargo del Estado para prestar servicios en zonas marginadas.

D.   Política de inclusión digital universal 

A diferencia de lo anterior, vemos como acierto que por virtud del décimo cuarto transitorio, se haya obligado al Ejecutivo Federal a ejecutar la política de inclusión digital universal, en la cual se incluirán metas en materia de infraestructura, accesibilidad y conectividad, tecnologías de la información y comunicación, habilidades digitales, programas de gobierno digital, fomento a la inversión pública y privada en aplicaciones de telesalud, telemedicina y expediente clínico electrónico, entre otras.

Las políticas tendrán como meta que el 70 por ciento de todos los hogares y 85 por ciento de todas las micros, pequeñas y medianas empresas de México cuenten con una velocidad real para descarga de información de conformidad con el promedio registrado en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a precios competitivos internacionalmente. En relación a los precios, la Dra. Clara Luz Álvarez lamenta que no sean precios asequibles a la población de acuerdo con sus particulares circunstancias; en especial, considerando que los precios en México son superiores a los precios competitivos internacionalmente. No puede ser una aspiración válida tener esa meta cuando los salarios en México son de los más bajos en comparación con los otros países de la OCDE.[19]

Por otra parte, conforme al décimo séptimo transitorio, se ve con agrado que el Plan Nacional de Desarrollo y otros programas deberán incluir acciones para un programa de banda ancha en sitios públicos hasta alcanzar la cobertura universal.

3.    Otras políticas y ordenamientos relevantes 

A.        El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

En el Plan Nacional de Desarrollo se establecen como estrategia relativa a “Gobierno cercano y Moderno”, una “Estrategia Digital Nacional para fomentar la adopción y el desarrollo de las TIC” e impulsar un “gobierno eficaz” que inserte a México en la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Así también, contempla la Estrategia Digital Nacional, a cargo de la Oficina de la Presidencia de la República en el área de Coordinación de Estrategia Digital Nacional, lo que para el Dr. Julio Téllez representa un gran acierto, pero insuficiente por lo que se recomienda una ampliación de funciones de ejecución con apoyo presupuestal.[20] 

B.        Agenda de Gobierno Digital

Esta agenda está a cargo de la Secretaría de la Función Pública, que preside la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico y contempla acciones para mejorar la eficiencia, productividad así como transparencia del gobierno. También, busca la homologación de procesos tales como firmas y certificaciones digitales, así como trámites, además de la interoperabilidad entre los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal).[21] 

C.       Agenda Digital e-México

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes encabeza la “Agenda Digital del Sistema Nacional e-México” que se define como una estrategia para impulsar la transición del país hacia la sociedad de la información y el conocimiento. Establece objetivos generales y estratégicos, líneas de acción y metas que coinciden con los Objetivos del Milenio de la ONU. Su principal objetivo es “acelerar y masificar el proceso de adopción tecnológica en todos los órdenes de la vida nacional,” orientando su uso para impactar la competitividad en el desarrollo social y humano, así como para el mayor empoderamiento de los ciudadanos.

En igual forma, tiene como objetivos: 1) abatir la brecha digital que separa a los mexicanos de las TIC; 2) universalizar la conectividad institucional y comunitaria de banda ancha; 3) incrementar la disponibilidad y relevancia de contenidos, servicios así como aplicaciones de impacto tanto social como gubernamental. 

D.       Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal

La Secretaría de la Función Pública publicó el 6 de septiembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación[22] el Acuerdo por el que se establece el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la Administración Pública Federal. Este acuerdo establece las bases, principios y políticas que debe observar la administración pública federal para la integración de servicios digitales así como reutilizar y compartir tanto plataformas como sistemas de información, a fin de incrementar la eficiencia operativa del gobierno en relación con la sociedad.

El Dr. Julio Téllez, considera que este Esquema guarda estrecha relación con las tendencias internacionales relacionadas con el open government;  es decir, la obligación de los gobiernos democráticos para rendir cuentas bajo estrictas normas de transparencia e involucrar a la ciudadanía. Así mismo, este académico considera que es un gran paso para lograr la cooperación y el intercambio de información entre dependencias y entidades del gobierno federal para mejorar servicios públicos.[23] 

E.        Agenda Digital Nacional

La Agenda Digital Nacional es un esfuerzo conjunto de la industria, la academia y el poder legislativo. Esta iniciativa es un paraguas que pretende alinear los objetivos, las políticas y las acciones de todos los actores de la sociedad para generar competitividad fortaleciendo las TIC.

Esta Agenda tiene como misión: “contribuir a un acelerado desarrollo económico, social y humano en el país a través del potencial que ofrece el uso de las TIC para mejorar la calidad de vida, incrementar la transparencia, aumentar la competitividad y hacer mejor gobierno, mediante mayor participación y compromiso ciudadano.”[24] 

F.        AgendaDigital.mx

La AgendaDigital.mx pretende ser un documento rector que articule las políticas públicas mexicanas para la extensión del uso y aprovechamiento de las TIC. Presenta un diagnóstico del estado de conectividad en México y del grado de avance tanto en el uso como apropiación de las TIC en diversos sectores, analizando los principales indicadores de conectividad. Asimismo, presenta un diagnóstico del uso y apropiación de las TIC para el desarrollo social y económico de México.

A partir del diagnóstico, establece una visión en materia de uso y apropiación de las TIC al 2015. Para lograr esta visión, se describen seis objetivos de consolidación. De cada objetivo derivan 23 líneas de acción. Estas estrategias y su instrumentación son el núcleo de la Agenda. Los objetivos de la AgendaDigital.mx son:

1.    Internet para todos

2.    TIC para la equidad y la inclusión social

3.    TIC para la educación

4.    TIC para la salud

5.    TIC para la competitividad

6.    Gobierno digital 

III. CONCLUSIÓN

Como se ha podido ver, el gobierno mexicano está consciente de los beneficios que otorgan las TIC y en internet en el desarrollo económico del país. En este marco, se ha instaurado una reforma integral en materia de telecomunicaciones así como diversas políticas que sin duda impactarán favorablemente al desarrollo económico de México.

Se ve con agrado que las recomendaciones internacionales para atraer la inversión en materia de telecomunicaciones y las políticas adoptadas por el Estado mexicano estén en consonancia, en particular la apertura a los mercados y la independencia de los tribunales.

 Empero, existen otros detalles que deberán ser atendidos para corregir cualquier ineficacia, incertidumbre jurídica o dilación en la oportuna atención de los asuntos de este país. En este sentido deberemos estar muy atentos a la implementación de la reforma constitucional en las leyes secundarias.

De tal forma, el actuar conjunto del IFETEL y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será un aspecto determinante para la efectiva independencia del regulador. Asimismo, el gobierno deberá hacer esfuerzos transcendentales para que los servicios de banda ancha sean accesibles en las áreas rurales, al mismo tiempo, deberá hacer  que la política de inclusión digital universal sea una realidad. También, el Estado deberá ser muy diligente a fin de articular las políticas digitales, en los tres niveles de gobierno, para que al unísono cumplan el propósito deseado y no se pierda el rumbo. Por otra parte, el regreso del Estado empresario que administrará una red y prestará servicios al mayoreo a empresas comercializadoras presenta un gran reto para el sector. Estas preocupaciones nos mantendrán alerta del desarrollo que tenga el sector en México.

 

Orlando F. Cabrera C.
Ibáñez Parkman Abogados


[1] ICC Commission on The Digital Economy, ICT’s and the Internet’s impact on job creation and economic growth,Document No. 373/513, Policy briefing tool, International Chamber of Commerce, 23 July 2012, p. 3.

[2] ICC BASIS Key messages, IGF 2011, 21 de julio de 2011, p. 3, disponible en: http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Basis/Archives/Key-business-messages-IGF-2011,-21-July-2011/ 

[3] McKinsey & Company, Mobile broadband for the masses, de febrero de 2009; Booz & Company, Digital Highways: The role of Government in 21st Century Infrastructure, 2009; cit. pos. ICC Commission on The Digital Economy, op. cit., nota 1, p. 3.

[4] Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. Disponible enhttp://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5301941&fecha=11/06/2013

[5] No obstante lo anterior, el quinto transitorio restringe la participación de la inversión extranjera directa hasta un máximo del cuarenta y nueve por ciento en radiodifusión, atendiendo a la reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista. Al respecto, la Dra. Clara Luz Álvarez lanza la interrogante: ¿Qué daño puede haber si capitales extranjeros invierten en infraestructura y generan competencia? No lo hay. Así también, agrega que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de diputados agregó el requisito de la reciprocidad a la inversión extranjera en radiodifusión. Los argumentos que expuso la Comisión son inatendible, además, no justificó por qué sí procedía en radio y televisión abierta y no en el resto de las telecomunicaciones. No debe condicionarse la inversión extranjera a la existencia de reciprocidad en el país de origen del inversor. Álvarez González de Castilla, Clara Luz, Reflexiones ante el Senado sobre el Dictamen de reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica probado por la Cámara de Diputados [presentadas el 10 de abril de 2013]”, Telecomunicaciones y Sociedad, México, 30 de mayo de 2013, http://telecomysociedad.blogspot.mx/2013/05/reflexiones-ante-el-senado-sobre-el.html

[6] Artículo 28 de la Constitución Federal.

[7] Álvarez González de Castilla, Clara Luz, Derecho de las Telecomunicaciones, 2ª. ed., México, UNAM Posgrado Derecho, Libertad de expresión, 2013, p. 108.

[8] Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, “independiente”, http://lema.rae.es/drae/?val=independiente

[9] Álvarez González de Castilla, Clara Luz, Reflexiones ante el Senado sobre el Dictamen de reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica probado por la Cámara de Diputados [presentadas el 10 de abril de 2013]”, op. cit., nota 5.

[10] Artículo 28 de la Constitución Federal.

[11] Artículo 6, letra B, fracción IV de la Constitución Federal.

[12] Décimo Segundo Transitorio del Decreto de Reforma.

[13] ICC Commission on The Digital Economy, op. cit., nota 3, p. 4.

[14] Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro, no se otorgan mediante licitación, sino a través de una asignación directa.

[15] Negrete, Jorge Fernando, “La banda 700 MHz y el estado ‘malfactor’”, CNN Expansión,  Lunes, 15 de abril de 2013, disponible en: http://www.cnnexpansion.com/opinion/2013/04/14/700-mhz-y-el-estado-malfactor

[16] Ibid.

[17] Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Agenda Digital.mx, México, 2012http://www.agendadigital.mx/descargas/AgendaDigitalmx.pdf

[18] Álvarez González de Castilla, Clara Luz, Reflexiones ante el Senado sobre el Dictamen de reforma constitucional en telecomunicaciones y competencia económica probado por la Cámara de Diputados [presentadas el 10 de abril de 2013]”, op. cit.

[19] Idem.

[20] Téllez Valdés, Julio, Lex Cloud Computing, Estudio Jurídico del Cómputo en la Nube en México, México, IIJ, UNAM, 2013, p. 43.

[21]  Ibid.

[22] http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5208001&fecha=06/09/2011

[23] Téllez Valdés, Julio, op. cit., nota 21, p. 43.

[24] Agenda Digital Nacional, Sección I, Numeral 4. Visión, Misión y Objetivos