DERECHO LABORAL

La reforma al artículo 48,  párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo, de 30 de noviembre de 2012, no trasgrede el principio de progresividad ni es violatoria de derechos humanos. Jurisprudencia 2a./J.28/2016(10a.) [J] ; 10a. Época ; 2a. Sala ; S.J.F.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado, mediante el criterio jurisprudencial que se estudia, declarar constitucional la reforma al Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra señala:

“El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago.

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un período máximo de doce meses, en términos de lo preceptuado en la última parte del párrafo anterior.

Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones”.

La polémica sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la reforma al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, se centró en el Principio de Progresividad, consagrado en el artículo 1º de nuestra Carta Magna, que en su párrafo tercero señala:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha fallado en favor de la constitucionalidad de la reforma del citado precepto atendiendo a las siguientes consideraciones:

1)    El artículo 48, párrafo segundo, de la Ley Federal del Trabajo no puede considerarse que transgreda el principio de progresividad, porque no desconoce un derecho anteriormente establecido, ni suprime la sanción constitucional que impone a los patrones la obligación de indemnizar a los trabajadores separados injustificadamente de la fuente de empleo, sino que sólo regula en forma distinta cómo habrá de calcularse dicha indemnización, con los objetivos siguientes:

a)    Evitar que los juicios laborales se prolonguen artificialmente con el fin de obtener una mayor condena por concepto de salarios caídos;

b)    Impedir la eventual quiebra de las fuentes de trabajo, con perjuicio incluso para otros trabajadores, lo que generaría un gran desempleo y por ello indirectamente incide en otros problemas para la economía nacional.

2)    El legislador federal si bien limitó a doce meses como máximo el pago de salarios vencidos, lo cierto es que también contempló la obligación de pagar intereses sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago, e incluso desarrolló otros mecanismos para que los juicios laborales no se demoraran injustificadamente, tales como la imposición de sanciones a las partes o los servidores públicos que actúen con la finalidad de prolongar, dilatar, y obstaculizar la sustanciación o resolución de un juicio laboral.

Por tanto, el objeto de reforma al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, es seguir garantizando al trabajador un efecto indemnizatorio en caso de despido injustificado, sin embargo, el limitar a un periodo máximo de 12 meses los salarios caídos, no obedece a la regresividad de un derecho, sino a su interdependencia frente al interés colectivo de conservar las fuentes de trabajo, máxime que con esa medida se privilegia la pronta impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional.