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El éxito leve de esta Ley PPP, su reglamento y otras normas administrativas se ha limitado a tres proyectos de licitación, el doctor del Hospital General de Gonzalo Castañeda, Museo Internacional de Arte Barroco, el Hospital de Mérida, y el acueducto Monterrey VI. El último es un proyecto colosal y consistió en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de un acueducto de 372 kilometros para entregar 6m3 / s de agua desde el río Pánuco al sistema de Cerro Prieto Monterrey acueducto. Se espera que aumente en más del 40% del suministro de agua potable para la región metropolitana de Monterrey - el tercer mayor metrópolis de México y el capital industrial. La inversión prevista era de dos mil millones de dólares estadounidenses.

Todos los espíritus elevados por este enorme proyecto vinieron abajo cuando el gobernador del Estado de Monterrey anunció públicamente que estaba decidido a cancelarla. A pesar de la decisión oficial no ha sido publicado, será interesante analizar las razones para tomar esta decisión. Esta determinación pone en duda el éxito de la Ley PPP, especialmente en lo que se dirige a proporcionar seguridad a los inversores.

Este proyecto incluyó arbitraje llevado a cabo en los términos del Código de Comercio. Las leyes federales de México será la ley aplicable. El procedimiento de arbitraje se llevarán a cabo en español. La revocación de las autorizaciones no estará sujeto a arbitraje. La validez jurídica de los actos administrativos sólo puede ser analizado por los tribunales competentes del Estado de Nuevo León Estado federal. Si se confirma la decisión del gobernador, y el pago de daños no viene de inmediato por parte del gobierno, el arbitraje tendrá que ser utilizado para realizar el pago.

Con sólo tres proyectos después de tres años de su promulgación, el éxito de la ley se pone en duda, pero aparece una luz en el horizonte de las telecomunicaciones. La próxima Mega PPP estará en el campo de las telecomunicaciones. La reforma constitucional mexicana en las telecomunicaciones exige la creación de la "Red Compartida" (Red Compartida). La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (Secretaría de Comunicaciones y Transportes "SCT" por sus siglas en español) en conjunto con el regulador Federal de Telecomunicaciones (Instituto Federal de Telecomunicaciones "IFT" por sus siglas en español) son los órganos responsables de implementar esta Red .

El proyecto busca promover el acceso efectivo de los servicios de comunicación de banda ancha y de telecomunicaciones a la población. Además, se aumentará la cobertura de la calidad de los servicios móviles en México, y crear más competencia en el sector de las telecomunicaciones. La red estará compuesta por la instalación de una red pública de telecomunicaciones compartida por mayor con cobertura nacional. Se utilizará la tecnología 4G y tendrá en cuenta el uso de 90 MHz de la frecuencia de la banda de 700 MHz. La red funcionará como un mayorista y proveerá servicios a otros concesionarios (portadores) o entidades autorizadas como operadores de redes móviles (MNO) y los operadores de redes fijas (FNW) que tienen como objetivo adentrarse en el mercado de la red móvil y los operadores móviles virtuales (MVNO).

 

El proyecto será desarrollado por medio de un proceso de licitación antes de Contrato de Alianza. El PPP debe diseñar, financiar, construir, operar y mantener la red compartida, así como para la comercialización de los servicios prestados. Este proyecto requiere una inversión de diez mil millones de dólares para los siguientes 10 años. Se comenzará a funcionar en 2018. El Ministerio y el IFT han publicado el criterio para desarrollar esta red. Pronto, publicarán un proyecto de bases de licitación. La incertidumbre viene de nuevo para ver como algunos expertos cuestionan los términos económicos sugeridos para las bases de licitación y cómo estos términos será de interés para el interés de los inversores en este proyecto. El Ministerio y el IFT tienen el deber muy importante presentar las bases de licitación atractivos que atraen a los inversores a participar en el proceso de licitación.