A un año de su promulgación, el día de hoy 19 de julio de 2017, entra en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) perteneciente al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), ordenamiento que sanciona a aquellos que cometan infracciones administrativas, tanto en el sector público como en el privado.

En este sentido, es indispensable hacer notar que sus funciones no están limitadas a vigilar, controlar y sancionar a los Servidores Públicos, si no que éstas abarcan al sector empresarial también, ante lo cual, las empresas deben de tomar medidas preventivas y correctivas de actos de corrupción, ya que las sanciones que las mismas puedan tener dependerán, en una importante medida, de que se acredite que se buscó evitar el acto de corrupción y que, en su caso, el mismo  fue sancionado. Entre las medidas más relevantes se encuentra la implementación de un programa de integridad que represente el compromiso y políticas, vigentes y eficaces, para prevenir y combatir todo acto de corrupción que pueda presentarse dentro de su empresa o que pueda involucrar a la misma.

Las sanciones que se prevén, tanto para los personas físicas como para las empresas, en la LGRA, van desde sanciones económicas millonarias, inhabiltaciones, suspensión de actividades e incluso la posible disolución de la empresa, además de las saciones