Por este medio, les comentamos, que el pasado14 de julio de 2017, fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación, una jurisprudencia por contradicción de tesis mediante la cual se establece que, en el tema de los sistemas de ahorro para el retiro, la dependencia económica no constituye un requisito para la devolución del monto correspondiente a la cuenta individual, en caso de fallecimiento del trabajador titular.              

Dicha jurisprudencia fue emitida por el Pleno en materia de Trabajo del primer circuito, y se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 01 de agosto de 2017, de conformidad con el punto Séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula la difusión del Semanario Judicial de la Federación vía electrónica, a través de la página de internet de este Alto Tribunal.

El criterio aludido establece que, a partir de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano en materia de seguridad social y, en aplicación del principio pro persona contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dilucida que la implementación de los sistemas de ahorro para el retiro a partir de 1992 procuran conservar un sistema de solidaridad tripartito, integrado por trabajadores, patrones y el Estado, en donde los montos que integran las cuentas individuales son propiedad de los primeros, con lo cual, se buscó eliminar la pérdida de sus derechos aun cuando dejen de cotizar al Seguro Social, así como incentivar el ahorro, para la eventualidad del retiro, procurando lograr una pensión o renta vitalicia para el trabajador o sus beneficiarios en caso de fallecimiento.

El propio sistema señala quiénes tienen derecho a obtener los beneficios contemplados por el sistema, que son los beneficiarios legales y los sustitutos; lo primeros se encuentran enunciados en el artículo 84, fracciones III a IX, de la Ley del Seguro Social, conforme al diverso 193 de ese mismo ordenamiento legal; los segundos, son los que designa específicamente el trabajador, para el caso de que los legales falten.

Ahora, en el caso de los mencionados en primer término, la referencia al indicado numeral 84, es meramente enunciativa, para el efecto de determinar a quiénes corresponde esta categoría, pero no puede considerarse que ante el fallecimiento del titular de la cuenta deban demostrar específicamente los requisitos que el precepto dispone, en particular la dependencia económica, porque estas exigencias corresponden para obtener los beneficios que contiene una prestación diversa -seguro de enfermedades y maternidad-; además, porque de considerar lo contrario, se incumpliría con las anotadas finalidades del sistema, en tanto que en los casos de que no exista esa dependencia al momento de la muerte ni asignación como beneficiarios sustitutos, los recursos se entregarían indefectiblemente al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual implicaría la pérdida de los recursos y se restarían incentivos para el ahorro, lo cual no se justificaría, pues por tratarse de un bien propiedad del trabajador, y constituir parte de su patrimonio, debe privilegiarse la posibilidad legal de transmitirlo a favor de quienes tengan derecho a ello, en términos de las disposiciones civiles correspondientes.

Cabe señalar que de acuerdo a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia emitida el Pleno en materia de Trabajo del primer circuito, es obligatoria para los Tribunales Colegiadosy Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito, Tribunales Militares y Judiciales del orden común y Tribunales Administrativos y del Trabajo, locales o federales que se ubiquen dentrodela Ciudad de México.