RESOLUCIÓN QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO, APLICABLES A LOS TRANSMISORES DE DINERO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 81-A BIS DEL MISMO ORDENAMIENTO.

Durante el periodo de 2016-2017, México fue evaluado en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con el fin de examinar su nivel de cumplimiento en los estándares internacionales en materia de prevención de lavado dinero y financiamiento al terrorismo.

Derivado de lo anterior, el 3 de enero de 2018 se publicó por GAFI el “Informe de Evaluación Mutua” mediante el cual dicho ente intergubernamental realizó a México diversas recomendaciones con el fin de fortalecer su régimen en las materias señaladas.

Atendiendo las recomendaciones hechas por el GAFI, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha considerado realizar diversas modificaciones a las disposiciones de carácter general que establecen los criterios y procedimientos mínimos en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Es importante entender como transmisores de dinero a las sociedades anónimas o sociedades de responsabilidad limitada organizada de conformidad con lo dispuesto por la Ley General de Sociedades Mercantiles, que obtengan su Inscripción en el Registro de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero y que realicen de manera habitual y a cambio del pago de una contraprestación, comisión, beneficio o ganancia y que reciben en territorio nacional derechos o recursos en moneda nacional o divisas por cualquier vía, para que los transfieran al extranjero o a otro lugar del territorio nacional, en los términos a que se refiere el artículo 81-A Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Ahora bien, para coadyuvar a mejorar el cumplimiento de las Recomendaciones 1 y 10 del GAFI, se precisa en el marco legal la prohibición de los transmisores de dinero para llevar a cabo medidas simplificadas de identificación de sus usuarios cuando tengan sospecha o indicios de que los recursos que dichos usuarios pretendan usar para realizar una operación pudieran estar relacionados con el lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Asimismo, en apego a la Recomendación 10 del GAFI, resulta necesario fortalecer el marco legal respecto a la política de identificación y conocimiento del usuario para los transmisores de dinero, estableciéndose los supuestos en los que podrán suspender el proceso de identificación, con el fin de prevenir la comisión de delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, entre otros; y en su caso, remitir a la autoridad competente el reporte de operación inusual respectivo.

Por otro lado, para atender de mejor forma la Recomendación 12 del GAFI, es conveniente establecer que los transmisores de dinero determinen si los propietarios reales de sus usuarios tienen el carácter de personas políticamente expuestas, ya sea nacionales o extranjeros conforme a las disposiciones aplicables, para estar en posibilidad de aplicar las medidas de debida diligencia adecuadas.

En cuanto a la Recomendación 16 del GAFI relacionada con las transferencias electrónicas de fondos, en consideración a las modificaciones previstas para los formatos de mensajes estandarizados más utilizados por las entidades financieras en el mercado internacional para dichas operaciones, resulta necesario fortalecer la política de identificación del usuario del transmisor de dinero, con el fin de conocer con mayor precisión la información del ordenante y beneficiario de la transferencia de que se trate para detectar y, en su caso, evitar la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo cual es necesario que los transmisores de dinero identifiquen, con independencia del monto de la operación, a los usuarios que solicitan enviar las respectivas transferencias, así como a los beneficiarios de estas, particularmente al emitir las respectivas órdenes de transferencia o bien, a los ordenantes de las respectivas órdenes de transferencias internacionales que reciban y, como en otros casos, conservar la información correspondiente por los plazos a los que se encuentran obligados y a mantenerla a disposición de la autoridad competente, además de obligar a las referidas entidades a establecer criterios en sus respectivos manuales que les permitan fortalecer, con un enfoque basado en riesgos, su régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo sobre esta materia.

Por otra parte y en apego a la Recomendación 15 del GAFI y a lo señalado en el Reporte del 3 de enero de 2018, dado que los transmisores de dinero pueden prestar sus servicios a través de nuevas tecnologías, mismas que han sido reconocidas por el Gobierno Mexicano con la emisión de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera y sus disposiciones secundarias, es necesario que estas evalúen el riesgo de prestar servicios financieros a través de las citadas tecnologías, por lo que resulta conveniente establecer tal obligación, previo a su implementación y desarrollo, así como para su monitoreo.

Por último y con relación a la Recomendación 17 del GAFI, se prevé la figura de persona jurídica coadyuvante para los transmisores de dinero que para su operación, requieren apoyarse en terceros.